«Una presión indebida»: Alcaldesa Macarena Ripamonti alza la voz contra Sebastián Piñera por proyecto inmobiliario Las Salinas
El megaproyecto inmobiliario Las Salinas contempla la construcción de 26 torres en un terreno altamente contaminado en el borde costero.
Toda la comunidad, incluyendo a la alcaldesa, Macarena Ripamonti, dejaron en claro su posición por el proyecto inmobiliario que Sebastián Piñera impulsó en Viña del Mar. En este contexto, durante el día miércoles, la jefa comunal acusó al aún Presidente Sebastián Piñera de ejercer presiones indebidas sobre el proyecto inmobiliario Las Salinas, que todavía mantiene en conflicto a la Ciudad Jardín.
Ripamonti expresó: “Con molestia me permito comentar que este gobierno está obrando nuevamente con excesiva desvergüenza. Antes que nuestro presidente electo Gabriel Boric asuma, para asegurar un proyecto inmobiliario a un grupo muy determinado de personas”.
La edil también hizo enfoque en la inmobiliaria encargada del proyecto: “La inmobiliaria Las Salinas, más allá de todo el marketing de sostenibilidad que ha exhibido en el espacio público, es dos cosas en concreto: una, 26 torres de segundas viviendas y en segundo lugar, en medio de un proceso de libre mediación que es altamente cuestionado con fundamentos concretos y técnicos de carácter científico, no con caprichos”.
La jefa comunal señaló que hubo una “pre visación” proveniente de Santiago, lo que en simples términos, significa una presión “indebida y políticamente a los Tribunales de Justicia“, desestimando los procesos judiciales pendientes “y por sobre todo, las observaciones hechas por la ciudadanía, por el Municipio de Viña del Mar y por la Gobernación de Valparaíso”. “Me parece una insolencia y de una falta de respeto que no tenemos por qué soportar”, cerró Ripamonti.
El proyecto que mantiene el conflicto
La inmobiliaria Las Salinas (propiedad de la familia Angelini, dueña de las empresas Copec) pretende levantar un proyecto inmobiliario, en nada más ni nada menos que 160 mil metros cuadrados del borde costero de Viña del Mar. Este terreno fue usado por distintas empresas entre los años 1919 y 2003, esto con el propósito de almacenar combustible y fabricar lubricantes y químicos agrícolas, producción que provocaría una contaminación de las tierras.
Por otro lado, la inmobiliaria comprometió un proceso de biorremediación bacteriológica, esto implica la introducción de bacterias en el terreno, con el propósito de eliminar los desechos. Este mismo proceso fue parte de los procedimientos promovidos por la inmobiliaria para lograr la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), uno de los trámites para comenzar la construcción.
Sin embargo, el Movimiento Un Parque para Las Salinas, encontró algunas incongruencias entre el Estudio de Impacto Ambiental, la Evaluación de Riesgos a la Salud Humana y la propia orden de biorremediación propuesta por la inmobiliaria, concluyendo que el proceso planificado para la eliminación de desechos podría tener efectos “cancerígenos, mutágenos, neurotóxicos e inmunotóxicos“.
Por otro lado, el Comité de Ministros regional se vio involucrado directamente en el conflicto, esto por ser determinantes en el RCA del proyecto. Pese a ello, hubo reclamaciones en contra de la misma Resolución, las que fueron acogidas por el Servicio de Evaluación Ambiental Nacional. Mientras que una de las figuras de la región, como es el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, reconoció haber aprobado el proyecto sin los antecedentes necesarios.
Respecto a las declaraciones de la alcaldesa Ripamonti, desde la inmobiliaria Las Salinas valoraron que “la posibilidad de que el proyecto de saneamiento sea evaluado próximamente, con el fin de avanzar en todas las instancias ambientales que la ley establece” (…) “Somos conscientes de que las empresas generan desconfianza en la ciudadanía, por eso, nos adherimos a las palabras de Gabriel Boric en Enade 2022, en las que destacó la importancia del diálogo y la capacidad de las empresas de ser dinámicas. Seguimos haciendo hincapié en la importancia de generar una mesa de diálogo con las autoridades y comunidades”, agregaron.
El abogado Carlos Muñoz, de la Coporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, ante una posible resolución del consejo de ministros, dijo: “Se trata de una crónica de una aprobación anunciada, (pues se constata) no solamente el poder económico de la inmobiliaria, sino también el poder político, y por qué no decir, una presión indebida sobre los tribunales de justicia, pretenden autorizar algo que está profundamente cuestionado por la comunidad y la comunidad científica también”.
